Según el estudio impulsado por FoqusChile, se ha establecido que existe un alto impacto económico en relación a la calidad de la alimentación de los y las trabajadoras en los espacios laborales en Chile. Estos datos recaudados en la investigación encabezada por Carlos García Toledo, académico de la Universidad Alberto Hurtado, y Ornella Tiboni, consultora de la FAO en Chile, serán analizados la próxima semana con expertos internacionales en un seminario a realizarse en nuestro país.
El punto central de este estudio radica en que se evidenció una estrecha relación entre economía y alimentación en el espacio laboral, basándose en preocupantes datos respecto a la situación de los y las trabajadoras y las consecuencias que enfermedades no transmisibles generan en la productividad laboral. Para ilustrar mejor esta situación vale recoger que, por ejemplo, los índices de sobrepeso y obesidad, según datos del estudio, alcanzarían un 74% y, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE 2019), Chile se situaría por sobre México, con un 72,5% y incluso Estados Unidos, con un índice del 71%.
De la misma manera el informe recoge que un 69% de la población entre 20 y 64 años sufre actualmente de obesidad o al menos sobrepeso, lo cual ha provocado que, al año, mueran aproximadamente 6.500 hombres y mujeres en edad laboral por causas asociadas a obesidad. Por otro lado, los costos o pérdidas en productividad debido a la mortalidad prematura y el ausentismo laboral alcanzaron en 2014 US$ 75 millones y US$ 33 millones respectivamente, situación que afecta gravemente la economía del país.
Los investigadores, además, enfatizan, entre otros temas, que «parece razonable y adecuado entonces, una actualización en la reglamentación con el fin de establecer un marco que promueva el acceso a la alimentación adecuada para todos los trabajadores por igual. Es fundamental que la alimentación laboral sea parte de las políticas de salud y seguridad ocupacional, así como también parte de las políticas, planes o acciones que buscan erradicar el sobrepeso y obesidad en nuestro país».
Así mismo otro dato importante recabado en este estudio radica en que, considerando información aportada por estudios previos en la materia, se estableció que una canasta de calidad es un 36% más cara que la actual canasta básica de alimentación, lo cual lógicamente incide en la salud de los trabajadores de medianos y bajos recursos en mayor medida. La recomendación, de esta manera, radica en la importancia de implementar políticas públicas que faciliten el acceso a la alimentación sana para la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras.
«Si se quiere aumentar el consumo de alimentación sana, entonces se debe subsidiar el precio final de tal manera de subir la participación de la alimentación sana. Si bien las medidas son equivalentes en sus efectos, no lo son en términos de su financiamiento. La alternativa de políticas de etiquetado necesita un financiamiento mínimo. En cambio, un subsidio o un aumento de los lugares para almorzar dentro de los trabajos requiere financiamiento directo, que en parte puede ser obtenido con impuestos a la alimentación que se desea desalentar; Si este mayor gasto será una carga o no para la economía, depende de si el aumento de la alimentación sana es expansivo o no a nivel agregado. En caso de que este aumento sea suficientemente expansivo, un mayor crecimiento más que compensa los costos de financiar el subsidio o los casinos dentro de los lugares de trabajo», manifiesta la investigación.
Puedes revisar el estudio completo aquí.
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